Un grupo de legisladores demócratas y republicanos de Estados Unidos presentó una resolución para que la Cámara de Representantes pida a los gobiernos de El Salvador, Honduras y Nicaragua “apoyar públicamente los esfuerzos” contra la corrupción, respetar la independencia “del poder judicial y fiscalías generales”, y asegurarles a éstas “suficiente asignación presupuestaria”.

La resolución menciona específicamente que el fiscal general de El Salvador, Douglas Meléndez, “ha hecho progresos significativos en la lucha contra la corrupción en los niveles más altos”.

Asegura que los directores de la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala (CICIG) y la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), así como los fiscales generales de Honduras, Guatemala y El Salvador “han enfrentado desafíos significativos”, entre éstos: “amenazas contra sus vidas, intentos por desacreditar su trabajo públicamente o esfuerzos por sacarlos de sus puestos”.

En la resolución presentada se asegura que “la lucha contra la corrupción” en Guatemala, Honduras y El Salvador “debe seguir siendo una de las principales prioridades de Estados Unidos en América Central”.

Por eso piden a “los gobiernos de Honduras, Guatemala y El Salvador” que apoyen “públicamente” los esfuerzos para combatir la corrupción, que “respeten la independencia del poder judicial y la Fiscalía General de la República”, y que aseguren que la oficina del fiscal general de “cada país del Triángulo del Norte” tenga suficientes fondos para cumplir sus responsabilidades y se entreguen “de manera oportuna”. Pide que el Gobierno de Guatemala continúe cooperando con la CICIG y al Gobierno de Honduras con la MACCIH.

La resolución cita que de acuerdo con Transparencia Internacional, en su informe de 2016, los ciudadanos de Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Panamá “perciben altos niveles de corrupción gubernamental”.

Agregó que la “corrupción generalizada en Centroamérica” debilita la fe ciudadana y limita la capacidad del Gobierno y “permite que los narcotraficantes y otros delincuentes prosperen”.

El Salvador es uno de los países apoyados por EE.UU. para impulsar el plan Alianza para la Prosperidad, que tiene entre sus ejes el combate a la corrupción y la transparencia. El Salvador recibirá $97.9 millones, que no serán directamente administrados por el Gobierno.

 

El documento hace mención específica a los entes anticorrupción.

Cicig en Guatemala

Creada en 1997 por solicitud de Guatemala a la ONU para investigar cuerpos ilegales. Se financia de ayuda voluntaria administrada por el PNUD. La CICIG apoya a la Fiscalía guatemalteca y puede ser querellante.

 

La MACCIH Honduras

La Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), inició en abril de 2016, luego de manifestaciones sociales por un escándalo de corrupción en el Instituto Hondureño del Seguro Social.

 

Fiscalía de El Salvador

El fiscal general, Douglas Meléndez, fue electo en enero de 2016, sucesor del exfiscal Luis Martínez, a quien Meléndez ha procesado por fraude. Ha procesado a un expresidente e investiga a otro exmandatario.

 

 

2016

Transparencia Internacional mide la percepción de corrupción en una escala del 0 al 100, en donde 100 es más transparente y 0 más corrupto. El Salvador tiene un puntaje de 36. Ocupa el puesto 95 de un total de 176 países.

2012

El Salvador tenía similar percepción. Transparencia Internacional utilizaba la escala del 0 al 100, y ubica a El Salvador en el puesto 83, dándole un puntaje de 38, apenas dos puntos arriba del puntaje más reciente.



2006

La percepción ese año era levemente mejor para El Salvador, ya que en una escala del 0 al 100, tenía una nota de 40. Solo que la escala ese año fue de 0 al 10 y El Salvador tuvo nota de 4.0 y puesto 57. La nota 0 es más corrupto.



Proyecto

Destaca que la percepción de corrupción en el Triángulo del Norte, Nicaragua y Panamá es alta.